Los políticos son ante todo agentes económicos

No es un fenómeno argentino sino global. Es el desencanto con la “política” que atraviesa a una gran cantidad de sociedades democráticas. Un desencanto vinculado a la distancia que se verifica entre las expectativas de las promesas a los electorados y las concreciones efectivamente alcanzadas por la clase política. El descreimiento, la indiferencia y la apatía electoral son la resultante de este desajuste.

¿Eso significa que los políticos son malos, son incumplidores, etc.? A priori parecería que sí pero una mirada más objetiva nos debería llevar a reconocer que la actividad del “político” es una profesión como cualquier otra aunque tiene ciertas particularidades que las diferencian del resto. Explicaremos ahora esto en detalle.

Por un lado debemos convenir que es una profesión como cualquier otra en el sentido  de que se ejerce como medio de vida. Eso no significa que no exista al comienzo un altruismo o una idea de querer mejorar la sociedad donde se vive. Es más, esto puede coexistir con el hecho de constituir el medio de vida. El reconocer esto supone dejar de idealizar al político como una figura que está al “servicio” de la sociedad exclusivamente. 

Pero por otro lado esta profesión tiene particularidades respecto de otras debido a que el ejercicio de esta carrera profesional está sometida a niveles de incertidumbre que otras profesiones carecen o tienen en menor medida. La profesión del político está sometida a los vaivenes de las circunstancias electorales. Una mala elección o una coyuntura política desfavorable puede hacerlos expulsar de la esfera pública. Ello conlleva a que la necesidad de supervivencia dentro del sistema político termine por flexibilizar sus ideas, valores, creencias en pos de poder mantenerse dentro del mismo. Esta conducta podría ser desaprobada desde lo ético pero es absolutamente racional desde el punto de vista económico. El político no deja de ser un agente económico más que actúa con criterios de racionalidad.

Se podrá señalar que otras profesiones no están sometidas a la tensión de las coyunturas electorales o de cambios de gobierno pero sí están sometidas a las tensiones del mercado dentro del cual se desenvuelven. Ello es cierto, pero debemos convenir que otras profesiones poseen un mayor grado de estabilidad que la del político. Dependen más de sí mismos. El político que es expulsado del sistema – el volver al llano -  debe buscar una nueva profesión o pretender volver a la que se ha formado aunque las posibilidades de ello son reducidas (la edad y su no ejercicio atentan en su contra). Por ello, el objetivo prioritario del político es permanecer dentro del sistema al precio si es necesario de cambiar de posición política, ideas, alianzas, etc. Debe acompañar las grandes tendencias y giros de la política para poder sostenerse. Constituye entonces una carrera como cualquier otra.

Pero hay una segunda particularidad y es que la ocupación de cargos públicos electivos supone una toma de posición en temas o problemas que atañen al interés de la sociedad, algunos de los cuales son por demás sensibles. Y en estos casos el abordaje de los mismos y su resolución debido a su complejidad supone la posibilidad de asumir costos para el político que pueden

implicar el riesgo de que su carrera política termine o se vea dañada. Por ello, el político profesional trata de abordar temas que impliquen el menor riesgo posible  para su carrera mientras que frente a los problemas de alta complejidad lo que se tiende es a administrar los mismos – hacer como que se ocupa de ellos – pero sin comprometerse en su resolución. En definitiva hacer como que se hace. Subyace una racionalidad que mide costos vs beneficios.

Esto puede ser criticable pero deberíamos preguntarnos qué haríamos nosotros si estuviéramos en su lugar. 

Es fácil exigir grandes transformaciones cuando es el otro el que las tiene que acometer – asumir los riesgos y los costos - y no uno. Algunos podrán decir que en definitiva es lo que el político decidió como opción al elegir esta actividad pero deberíamos preguntarnos si nosotros en nuestras actividades estaríamos dispuestos a enfrentar situaciones complejas cuando estas pueden evitarse o diferirse.

Los políticos constituyen agentes económicos racionales como cualquier otro que se desenvuelven en un ámbito (un mercado) donde se compite (tanto por cargos electivos o técnicos) tratando de maximizar beneficios y reducir costos. Deberíamos despojarnos de la idea del político o del funcionario como alguien especial que por su actividad es distinto al resto de los mortales. Ello significa que pueden con su accionar maximizar su beneficio sin que ello signifique maximizar el beneficio de la sociedad.

Finalmente, no es un hecho menor que la “política” también se ha transformado en un mecanismo de ascenso social lo que profundiza la importancia de los aspectos antes señalados. Por ello es que adquiere además un carácter hereditario, como una suerte de capital simbólico – contactos, relaciones – que es transferido por el político profesional a su descendencia. No debería sorprendernos  por ello que los apellidos se repitan como una suerte de casta a lo larga de las distintas décadas.

Si este comportamiento lo racionalizamos desde una óptica económica, si apelamos al sentido común, deberíamos  esperar menos de la política y de los políticos aunque estos resulten indispensables para el funcionamiento del sistema democrático. Pensar más en lo que podemos resolver por sí mismos como agentes económicos que somos y menos en lo que los políticos nos pueden resolver. Gran parte de la apatía e indiferencia de la sociedad hacia la política podría explicarse por este diagnóstico y ello lejos de ser perjudicial puede ser saludable para el bienestar de la sociedad al tener expectativas más moderadas acerca de los que nos pueden resolver los políticos.

La necesidad del apoyo estatal a la innovación en el sector privado

 En la edición de abril de 2016 del informe Monitor Fiscal del FMI se reconoce la importancia que tiene para los procesos de innovación, los incentivos y el apoyo de las políticas públicas. Propone que en las economías avanzadas los incentivos fiscales deberían reducir en un 50%, en promedio, el costo de las inversiones en I&D de las empresas. Ello incrementaría la I&D aproximadamente un 40% en comparación con los niveles actuales, y elevaría el PIB de las economías avanzadas un 5% a largo plazo.

La posición del FMI al respecto no es un dato menor: ni la posición en si misma ni el momento en que esta aparece. El verdadero motor del crecimiento hoy pasa por el aumento de la competitividad y de la productividad y para que estas acontezcan hay que fomentar la innovación y esta a su vez depende del nivel de gastos en I+D que realice el sector privado o en alianza con el sector público.

Esta posición constituye una reelaboración de la posición tradicional que tenía el FMI sobre el rol que debían desempeñar los gobiernos que pasaba básicamente por financiar la educación superior y la investigación básica. Es decir el generar el input para el proceso de I+D generados por las empresas. Pero parecería que este apoyo hoy es insuficiente y la política fiscal via incentivos debería entrar en escena para fomentar la inversión privada en investigación y desarrollo.

Este rol que el FMI propugna en la política fiscal guarda estrecha relación con la necesidad de aumentar el ritmo de crecimiento de la economía mundial dentro de un ciclo económico caracterizado por el bajo crecimiento y la desaceleración del crecimiento chino. Este contexto estaría retardando los nuevos proyectos de I+D, dado el aumento del riesgo de no retorno de los mismos. Una suerte de trampa donde el menor crecimiento retardan la I+D lo que a su vez termina consolidando el ciclo de bajo crecimiento. Los incentivos fiscales son llamados en esta oportunidad por el FMI para romper esta trampa. La macro vendría a rescatar a la micro de su escaso dinamismo.

También reconoce la importancia de las externalidades que genera la I+D que realiza una empresa y que puede ser aprovechada por empresas o sectores productivos ajenos a ella e inspirar nuevas innovaciones y desarrollos. Significa reconocer las limitaciones de la visión micro de la empresa a la hora de decidir una inversión en I+D y que debe haber una visión mas global que sólo puede verse desde lo público.

Sin embargo, de una lectura fina del documento se observa que estas recomendaciones se direccionan principalmente hacia los países desarrollados (del grupo del G7) al señalar que los efectos indirectos de mayores inversiones en I+D también generan un crecimiento suplementario en las economías emergentes (un 25% de las ganancias de productividad obtenidas por los países del G7). Ello redundaría en un crecimiento del PBI mundial del 8% a largo plazo. Es decir que para la visión del organismo los países emergentes deberían tener un rol pasivo como captadores de las externalidades (tecnologías externas) que generan los países desarrollados.

No obstante la experiencia internacional indica que el apoyo a los procesos de investigación y desarrollo no es algo privativo de  países desarrollados. Países de escala intermedia posee altos porcentajes de inversión en I+D medida sobre el PIB así como cantidad de patentes per cápita y la magnitud de estos porcentajes guarda una fuerte correlación positiva con el porcentaje de exportaciones de bienes complejos o de base tecnológica. Tomando como fuente el Banco Mundial, Australia (2,25%), Canadá (1,62%), Nueva Zelanda (1,25%), Irlanda (1,58%), Malasia (1,13), Hungría (1,41%, República Checa (1,91%), España (1,24%), Sudafrica (0,73%) son ejemplos de lo señalado. Esta correlación se da también en relación a niveles salariales y a mejores indicadores de desarrollo humano.

Lamentablemente todos los países de América Latina se encuentran muy rezagados en términos de inversión en I+D respecto de los ratios que tienen estos países. Si bien desde el año 2003 al año 2013 Argentina casi duplicó su porcentaje I+D (al pasar de 0,3% a casi 0,65%) seguimos lejos del lote de países antes señalados. Y no es un dato menor que en el caso argentino el mayor peso del gasto en I+D es aportado por el sector público: el sector privado solo aporta el 0,14% del PBI según datos del Mincyt. Con este desbalance entre lo público y lo privado claramente estamos en dificultades ya que en contextos de ajuste muy difícilmente podamos exigir al Estado que siga siendo el principal motor de la investigación y el desarrollo.

De ahí la necesidad de que existan incentivos fiscales para el fomento del I+D privado que hasta ahora inexplicablemente no han sido implementados. La experiencia internacional es muy variada. Australia y Corea, por ejemplo, conceden créditos tributarios de I&D que reducen efectivamente en casi un 50% los costos de inversión adicional en esas actividades. Otros países a veces alivian los costos laborales de los investigadores o proporcionan subsidios focalizados para I&D. En general, estas políticas parecen haber dado resultado, siempre y cuando su implementación haya sido eficaz. 

Si pretendemos retomar un sendero de crecimiento que sea sustentable deberemos ocuparnos de esta cuestión. No basta una macro ordenada o tender a un equilibrio fiscal si no actuamos sobre los verdaderos factores que nos permitan diversificar nuestra matriz productiva-exportadora y eso sólo se consigue con I+D pública y en especial privada. Sanear lo macro y lo fiscal sólo nos servirá para volver crecer pero con el patrón de crecimiento de siempre basado en materias primas dependiente de la fluctuación de los precios internacionales y en una industria Brasil dependiente. Más de lo mismo.

La importancia de la empresa
Muchas innovaciones radicales son el producto de pequeñas iniciativas empresariales dedicadas a la experimentación. Esto significa que la innovación depende fundamentalmente de un proceso eficiente de creación, crecimiento y disolución de las empresas. Pero en muchos países este proceso está entorpecido por obstáculos como permisos y licencias, regulaciones del mercado laboral, restricciones financieras y barreras impositivas.

En el Monitor Fiscal examinamos la importancia de las distorsiones impositivas y observamos que un nivel alto de impuestos sobre las sociedades da lugar a ciertos efectos que perjudican la actividad empresarial. En algunos países los gobiernos procuran neutralizar estas distorsiones impositivas ofreciendo incentivos tributarios especiales a las pequeñas compañías. Pero estos incentivos no son eficaces en función de los costos e incluso pueden desalentar el crecimiento de las empresas debido a la denominada trampa de las pequeñas empresas. Por ejemplo, los impuestos más bajos para las pequeñas empresas dan lugar a un fenómeno de “concentración”, o una acumulación de pequeñas empresas que procuran permanecer justo por debajo del nivel de ingreso en el que empezarían a perder el trato preferencial (véase el gráfico 3). Esto no estimula el crecimiento de la productividad sino que más bien lo refrena.

En lugar de proporcionar incentivos a las pequeñas empresas, los gobiernos deberían focalizar el apoyo en las nuevas empresas. Países como Chile y Francia han formulado iniciativas de políticas eficaces para apoyar a nuevas empresas jóvenes e innovadoras. Además, para reducir a un mínimo las distorsiones que los impuestos introducen en el proceso empresarial, los gobiernos pueden ofrecer asignaciones generosas para compensar las pérdidas que están sujetas a impuestos y simplificar las reglas fiscales para reducir la carga de cumplimiento tributario de las empresas.

La innovación y el cambio son determinantes cruciales de los niveles de vida y la prosperidad a largo plazo. La I&D, un motor clave de la innovación, responde a los incentivos económicos y a las políticas públicas. Las investigaciones del FMI demuestran que un poco de apoyo público, bien diseñado, puede rendir mucho fruto. Por ejemplo, se observa que el apoyo fiscal a favor de la I&D, justificado por los efectos indirectos internos, y a un costo de 0,4% del PIB, puede elevar el PIB un 5% a largo plazo. Si se tienen en cuenta los efectos a escala internacional, el costo subiría a 0,5% del PIB, pero los beneficios aumentarían proporcionalmente aún más, a 8%. Las políticas fiscales inteligentes importan, importan mucho. Los sectores público y privado pueden cooperar entre sí y complementarse para impulsar la innovación y el crecimiento.

Los avatares del nuevo modelo

Todos sabemos que el crecimiento depende del dinamismo de los distintos componentes de la demanda agregada (consumo del sector privado, consumo del sector público, inversiones y exportaciones). El crecimiento puede explicarse por el dinamismo de alguna de ellos o por una combinación de estos. Durante los primeros cuatro años de gobierno kirchnerista (2003-2007) el dinamismo se dio en todos los componentes de la demanda agregada. Pero en los últimos cuatro años (2011-2015) el consumo privado y el gasto público fueron los inductores exclusivos de la actividad económica. La nueva administración ha planteado para el período 2016 -2019 un nuevo paradigma del crecimiento basado en las inversiones privadas, las exportaciones, las inversiones en infraestructura,  en el contexto de una economía abierta. Pasamos nuevamente de un extremo del péndulo al otro. De un modelo de economía basado en el mercado interno y en el consumo a otro basado en la inserción de la economía en los flujos de capital y del comercio internacional. 

Subyace nuevamente la idea de volver a fuentes genuinas de crecimiento – que es una forma de decir que las anteriores fuentes de crecimiento no lo eran y por eso se agotaron - . De volver a una suerte de círculo virtuoso donde el desarrollo – palabra bastante gastada al ser reiteradamente enunciada – vendrá de la mano del aumento de las inversiones lo que redundará en aumentos de la competitividad y de la productividad. Subyace nuevamente la idea del derrame que nos alcanzará a todos (¿pobreza cero?). Una suerte de idea de “tiempo y esfuerzo esenciales para cualquier logro” como se decía en el último interregno militar. Es un esquema que requiere tiempo en dar frutos: que las inversiones se realicen y maduren, que aumentemos nuestra inserción internacional exportadora, etc. En definitiva los frutos del crecimiento serán duraderos y sustentables pero se verán allá a lo lejos. Mientras tanto el desierto.

Pero este nuevo modelo de crecimiento enfrenta riesgos:

• Los precios de los commodities no recuperarán su esplendor

• La recesión en Brasil y su crisis política – institucional perdurará.

• La existencia de un mundo “más vendedor que comprador” (salvo China con señales de alerta en su balanza comercial).

• Un escenario interno de estanflación que ya lleva cuatro años que dilata las decisiones de inversión (locales como externas). Ver y esperar a que aclare es lo que señalan los empresarios. Más aún si estos redujeron sus posiciones de deuda.

• Flujos de inversión extranjera directa que ven menos atractiva a América Latina (con la excepción de México) frente a la caída de los commodities, el reflujo de los capitales de los países periféricos a los países centrales, el aumento de la tasa de interés internacional y un Brasil en recesión. No debe olvidarse que los inversores globales no miran países sino regiones. Y las inversiones escasa vez son de escala global sino que son principalmente para abastecer la región. Habrá inversiones pero en sectores puntuales (cadena cárnica, litio, minería, algunas cadenas agroindustriales, servicios y nada más). No moverán el amperímetro.

• Un realineamiento internacional de Argentina con el eje EEUU-UE que dejará rendimientos positivos en cuanto a potenciales futuros endeudamientos con organismos multilaterales o préstamos bilaterales pero de escasa gravitación en inversiones reales y en exportaciones.

 Resulta paradojal que cuando los países emergentes eran atractivos para el capital internacional – boom de los commodities mediante – Argentina optó por un modelo de crecimiento endógeno cerrado al capital internacional y ahora opta por el modelo opuesto cuando los países emergentes perdieron gran parte de su atractivo.  Parecería que vamos a contramano del contexto internacional.

Pero estas limitantes no significan que el nuevo modelo adoptado (basado en inversiones y exportaciones) fracase sino que sus resultados tardarán más en llegar que con el modelo anterior – basado en el consumo - en especial en lo que hace  a la percepción de la sociedad. En este sentido, la sociedad argentina puede impacientarse si sólo ve ajuste sobre sus ingresos y sobre el empleo y añorar los frutos de un modelo anterior agotado.

Las sociedades descreen cada vez más de los sacrificios que se deben hacer en el presente en pos de un futuro mejor lejano e incierto. (que el sacrificio lo haga el de al lado). La cultura de la inmediatez es la predominante. Frente a la inmediatez este nuevo relato carece de atractivo. Por otro lado: ¿Quiénes son los que pueden esperar los frutos de un mañana lejano y difuso y aceptar los sacrificios y privaciones de un presente cierto y concreto? La respuesta es obvia: son los que Galbraith llamaba en el libro “La cultura de la satisfacción” los “satisfechos” que en términos electorales son una minoría. Son el colectivo poblacional donde los sacrificios y privaciones son mínimos. Son los que tienen capacidad de transferir el “ajuste” y exigir ese ajuste al resto de la sociedad. Es por ello que sería recomendable que la actual administración pondere de mejor manera como resguardar el poder adquisitivo de la población y el empleo. Como resguardar el consumo que es hoy la única variable que tiene a mano para evitar una caída de la actividad económica que la anterior gestión dejo en niveles elevados.

El Gobierno es consciente de este escenario. Por ello es que le resulta indispensable morigerar el ajuste y eso se llama cerrar el default  y poder volver a endeudarse a tasas de mercado para poder sortear esta transición del desierto al supuesto paraíso. Una suerte de puente de plata que le permita ganar tiempo. Hoy tener sentido común significa cerrar este contencioso para evitar profundizar el ajuste. Precisamente oponerse al acuerdo con los holdauts es promover un mayor ajuste al actual.

Pero, no obstante el debate sobre esta coyuntura y del escaso grado de libertad que le dio el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo para endeudarse – más allá de lo que ya le permite el presupuesto con un monto de más de 500 mil millones de pesos - queda el interrogante sobre hasta donde las restricciones externas antes señaladas limitaran o no la vuelta a un sendero de crecimiento bajo este nuevo modelo, sobre los tiempos requeridos así como los sacrificios demandados. Qué grado de acompañamiento tendrá de la sociedad que estará revisando en estos meses como queda su microeconomía. También será necesario calibrar hasta donde la economía argentina puede sostener un proceso de endeudamiento externo si no recupera tasas de crecimiento sostenidas. En tal sentido se va a tener que prestar atención a lo que acontezca con las Provincias las cuales, cerrada la cuestión del default, muy probablemente se lanzarán compulsivamente a endeudarse para financiar gastos corrientes a tasas irresponsables (la reciente colocación de deuda de la Pcia. de Buenos Aires a más de nueve puntos es un ejemplo de ello). 

Lamentablemente los tiempos económicos no guardan congruencia con los tiempos de la política dado que esta última tendrá pocos resultados económicos que ofrecer de cara a las legislativas del 2017.  Pero este escenario complejo no es sólo de Argentina sino que le cabe a toda la región. Como bien señala el ex Ministro de Finanzas de Chile Andrés Velazco en su artículo “América Latina tras el auge de los recursos naturales” publicado en el Boletín Terchint: “primero la región va a vivir en un entorno menos amigable y eso ya dificulta la labor. Segundo, está el hecho de poseer sociedades más empoderadas, medios de comunicación más activos, ciudadanos más exigentes, hecho que es bueno, pero también genera tensión entre economías que andan más lentas y ciudadanos que esperan más. No será fácil administrar esa tensión. Se requerirá de buenas políticas, de no caer en el populismo y la demagogia que han sido tan típicas” Y yo agregaría de no caer en ajustes clásicos que también han sido muy aplicados y que pueden llevar a las sociedades a añorar el populismo y la demagogia.