En la edición de abril de 2016 del informe Monitor Fiscal del FMI se reconoce la importancia que
tiene para los procesos de innovación, los incentivos y el apoyo de las
políticas públicas. Propone que en las economías avanzadas los incentivos
fiscales deberían reducir en un 50%, en promedio, el costo de las inversiones
en I&D de las empresas. Ello incrementaría la I&D aproximadamente un
40% en comparación con los niveles actuales, y elevaría el PIB de las economías
avanzadas un 5% a largo plazo.
La posición del FMI al respecto no es un dato
menor: ni la posición en si misma ni el momento en que esta aparece. El verdadero
motor del crecimiento hoy pasa por el aumento de la competitividad y de la
productividad y para que estas acontezcan hay que fomentar la innovación y esta
a su vez depende del nivel de gastos en I+D que realice el sector privado o en
alianza con el sector público.
Esta posición constituye una
reelaboración de la posición tradicional que tenía el FMI sobre el rol que
debían desempeñar los gobiernos que pasaba básicamente por financiar la
educación superior y la investigación básica. Es decir el generar el input para
el proceso de I+D generados por las empresas. Pero parecería que este apoyo hoy
es insuficiente y la política fiscal via incentivos debería entrar en escena
para fomentar la inversión privada en investigación y desarrollo.
Este rol que el FMI propugna
en la política fiscal guarda estrecha relación con la necesidad de aumentar el
ritmo de crecimiento de la economía mundial dentro de un ciclo económico
caracterizado por el bajo crecimiento y la desaceleración del crecimiento
chino. Este contexto estaría retardando los nuevos proyectos de I+D, dado el
aumento del riesgo de no retorno de los mismos. Una suerte de trampa donde el
menor crecimiento retardan la I+D lo que a su vez termina consolidando el ciclo
de bajo crecimiento. Los incentivos fiscales son llamados en esta oportunidad
por el FMI para romper esta trampa. La macro vendría a rescatar a la micro de
su escaso dinamismo.
También reconoce la
importancia de las externalidades que genera la I+D que realiza una empresa y
que puede ser aprovechada por empresas o sectores productivos ajenos a ella e
inspirar nuevas innovaciones y desarrollos. Significa reconocer las
limitaciones de la visión micro de la empresa a la hora de decidir una
inversión en I+D y que debe haber una visión mas global que sólo puede verse
desde lo público.
Sin embargo, de una lectura
fina del documento se observa que estas recomendaciones se direccionan
principalmente hacia los países desarrollados (del grupo del G7) al señalar que
los efectos indirectos de mayores inversiones en I+D también generan un
crecimiento suplementario en las economías emergentes (un 25% de las ganancias
de productividad obtenidas por los países del G7). Ello redundaría en un crecimiento
del PBI mundial del 8% a largo plazo. Es decir que para la visión del organismo
los países emergentes deberían tener un rol pasivo como captadores de las
externalidades (tecnologías externas) que generan los países desarrollados.
No obstante la experiencia internacional indica
que el apoyo a los procesos de investigación y desarrollo no es algo privativo
de países desarrollados. Países de
escala intermedia posee altos porcentajes de inversión en I+D medida sobre el
PIB así como cantidad de patentes per cápita y la magnitud de estos porcentajes
guarda una fuerte correlación positiva con el porcentaje de exportaciones de
bienes complejos o de base tecnológica. Tomando como fuente el Banco Mundial, Australia
(2,25%), Canadá (1,62%), Nueva Zelanda (1,25%), Irlanda (1,58%), Malasia (1,13),
Hungría (1,41%, República Checa (1,91%), España (1,24%), Sudafrica (0,73%) son
ejemplos de lo señalado. Esta correlación se da también en relación a niveles
salariales y a mejores indicadores de desarrollo humano.
Lamentablemente todos los países de América
Latina se encuentran muy rezagados en términos de inversión en I+D respecto de
los ratios que tienen estos países. Si bien desde el año 2003 al año 2013
Argentina casi duplicó su porcentaje I+D (al pasar de 0,3% a casi 0,65%)
seguimos lejos del lote de países antes señalados. Y no es un dato menor que en
el caso argentino el mayor peso del gasto en I+D es aportado por el sector
público: el sector privado solo aporta el 0,14% del PBI según datos del Mincyt.
Con este desbalance entre lo público y lo privado claramente estamos en
dificultades ya que en contextos de ajuste muy difícilmente podamos exigir al
Estado que siga siendo el principal motor de la investigación y el desarrollo.
De ahí la necesidad de que existan incentivos fiscales
para el fomento del I+D privado que hasta ahora inexplicablemente no han sido implementados.
La experiencia internacional es muy variada. Australia y Corea, por ejemplo,
conceden créditos tributarios de I&D que reducen efectivamente en casi un
50% los costos de inversión adicional en esas actividades. Otros países a veces
alivian los costos laborales de los investigadores o proporcionan subsidios
focalizados para I&D. En general, estas políticas parecen haber dado
resultado, siempre y cuando su implementación haya sido eficaz.
Si pretendemos retomar un sendero de crecimiento
que sea sustentable deberemos ocuparnos de esta cuestión. No basta una macro
ordenada o tender a un equilibrio fiscal si no actuamos sobre los verdaderos
factores que nos permitan diversificar nuestra matriz productiva-exportadora y
eso sólo se consigue con I+D pública y en especial privada. Sanear lo macro y
lo fiscal sólo nos servirá para volver crecer pero con el patrón de crecimiento
de siempre basado en materias primas dependiente de la fluctuación de los
precios internacionales y en una industria Brasil dependiente. Más de lo mismo.
La importancia de la empresa
Muchas innovaciones radicales son el producto de pequeñas iniciativas empresariales dedicadas a la experimentación. Esto significa que la innovación depende fundamentalmente de un proceso eficiente de creación, crecimiento y disolución de las empresas. Pero en muchos países este proceso está entorpecido por obstáculos como permisos y licencias, regulaciones del mercado laboral, restricciones financieras y barreras impositivas.
En el Monitor Fiscal examinamos la importancia de las distorsiones impositivas y observamos que un nivel alto de impuestos sobre las sociedades da lugar a ciertos efectos que perjudican la actividad empresarial. En algunos países los gobiernos procuran neutralizar estas distorsiones impositivas ofreciendo incentivos tributarios especiales a las pequeñas compañías. Pero estos incentivos no son eficaces en función de los costos e incluso pueden desalentar el crecimiento de las empresas debido a la denominada trampa de las pequeñas empresas. Por ejemplo, los impuestos más bajos para las pequeñas empresas dan lugar a un fenómeno de “concentración”, o una acumulación de pequeñas empresas que procuran permanecer justo por debajo del nivel de ingreso en el que empezarían a perder el trato preferencial (véase el gráfico 3). Esto no estimula el crecimiento de la productividad sino que más bien lo refrena.
En lugar de proporcionar incentivos a las pequeñas empresas, los gobiernos deberían focalizar el apoyo en las nuevas empresas. Países como Chile y Francia han formulado iniciativas de políticas eficaces para apoyar a nuevas empresas jóvenes e innovadoras. Además, para reducir a un mínimo las distorsiones que los impuestos introducen en el proceso empresarial, los gobiernos pueden ofrecer asignaciones generosas para compensar las pérdidas que están sujetas a impuestos y simplificar las reglas fiscales para reducir la carga de cumplimiento tributario de las empresas.
La innovación y el cambio son determinantes cruciales de los niveles de vida y la prosperidad a largo plazo. La I&D, un motor clave de la innovación, responde a los incentivos económicos y a las políticas públicas. Las investigaciones del FMI demuestran que un poco de apoyo público, bien diseñado, puede rendir mucho fruto. Por ejemplo, se observa que el apoyo fiscal a favor de la I&D, justificado por los efectos indirectos internos, y a un costo de 0,4% del PIB, puede elevar el PIB un 5% a largo plazo. Si se tienen en cuenta los efectos a escala internacional, el costo subiría a 0,5% del PIB, pero los beneficios aumentarían proporcionalmente aún más, a 8%. Las políticas fiscales inteligentes importan, importan mucho. Los sectores público y privado pueden cooperar entre sí y complementarse para impulsar la innovación y el crecimiento.
