Si hay una temática
donde se ve una clara continuidad entre el kirchnerismo con la actual gestión es
en la cuestión automotriz. El nuevo Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del
Autopartismo Argentino que se aprobó semanas atrás en el Congreso Nacional guarda en esencia los
mismos contenidos que el régimen anterior en lo que hace al otorgamiento de un
reintegro a las terminales automotrices que adquieren autopartes producidas en
el país.
La Ley N° 26393 que
se extinguió en el año 2013 planteaba menores reintegros respecto del nuevo proyecto
y hablaba de plataformas nuevas. En esta nueva iniciativa los reintegros
propuestos son mayores, amplia el universo de segmentos de productos beneficiados,
incluye a plataformas no nuevas y establece requisitos de contenido mínimo
nacional (CMN) para cada segmento de productos automotrices que el anterior
régimen no planteaba.
Este esquema
fracasó en el kirchnerismo dado que no generó ningún proceso mayor de
integración local por lo que deberíamos preguntarnos si un esquema similar como
el que se aprobó está tratando en el Poder Legislativo tendría esta vez un
resultado distinto. Más aún si pensamos que el anterior mecanismo promocional
se dio en un contexto de expansión del sector. Recordemos que la Ley N° 26393
fue sancionada y promulgada en el año 2008, y que con excepción del año 2009 la
industria automotriz registro años de mayor dinamismo que el actual (con record
de producción en el año 2011).
Por ello deberíamos
preguntarnos si lo que no funcionó en un contexto de mayor dinamismo de la
demanda va a funcionar en un contexto de estancamiento. Quizás lo único
rescatable de la nueva iniciativa sea la
obligación que tendrían las empresas terminales de mantener sus planteles
laborales a efectos de poder acceder a los beneficios fiscales. Y es importante
que se haya aprobado si vemos exclusivamente esta Ley como un mecanismo para
preservar el empleo dentro de la cadena de valor. El reintegro (subsidio)
serviría para el mantenimiento de los puestos laborales.
Pero en lo hace a
la búsqueda de una mayor integración de autopartes nacionales ya podemos dar el
resultado por anticipado. Y ello es así por la propia estructura del complejo
automotriz argentino con muchas terminales, bajos volúmenes de producción por
terminal lo que trae aparejado un escaso grado de integración local. (en pocas
oportunidades una terminal automotriz superó alguna vez los cien mil vehículos
producidos). Este rasgo estructural – herencia de la política automotriz
generada en la década del noventa – no se corrige con incentivos fiscales. Es
patear el problema para adelante.
De más está decir
que el proyecto de ley ni siquiera es firme en materia de CMN al establecer
excepciones para las automotrices que no lo cumplen y puedan acceder al
beneficio del reintegro. No queda claro quién va a medir el CMN ya que hasta
ahora (y desde siempre) no existe un contralor del cumplimiento de los mismos
más allá de las declaraciones juradas que presentan las empresas terminales al
gobierno de turno. La autoridad de aplicación siempre careció de mecanismos de
control. ¿Los tendrá ahora? ¿Quién auditará a las terminales?
Al no resolver la
cuestión de la organización industrial todo trata de patearse para adelante:
avanzar hacia el libre comercio con Brasil y México se demora por la sencilla
razón de la falta de competitividad de la cadena respecto de las escalas productivas
de estos países, problema que deriva de la organización industrial heredada.
Prorrogar la no entrada de la liberación del comercio es lo mismo que hizo el
kirchnerismo. Al día de la fecha deberíamos preguntarnos cuantas terminales
automotrices cumplen con el flex del 1,5 en el intercambio con Brasil.
La cuestión
industrial y comercial van de la mano y no podrá resolverse esta última sino se
resuelve la primera.
Los reintegros propuestos para la compra de autopartes es
una suerte de caramelo para un paciente que requiere de una cirugía. Pero si
sirve para sostener el empleo dentro de la cadena bienvenida sea aunque en ese
caso debió explicitarse claramente el objetivo de la Ley: subsidiar el
mantenimiento de los puestos de trabajo.
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