En el artículo que publiqué a fines del mes de octubre – El Desafío Productivo de la Argentina –
señalaba que una de las ventanas de oportunidad que tiene la Argentina para su
desarrollo e inserción internacional es la producción de alimentos. Mucho se ha
hablado de esto pero desde la restauración democrática nunca existió una
estrategia explícita de desarrollo de esta ventana de oportunidad.
Quizás el único atisbo de política explicita se verificó en la década
del 80 en los acuerdos bilaterales con Brasil – previos al Mercosur – donde la
integración económica con nuestro socio comercial se desarrollaba bajo un
esquema gradualista a través de lo que se denominó como Protocolos en Alimentos
y en Bienes de Capital. Fue la primera vez donde se pensó sectorialmente su
inserción internacional.
Desde lo que hace a las políticas públicas, nunca existió una política
explícita de fomento a la producción de alimentos, al agregado de valor en las distintas
cadenas agroalimentarias. Implícitamente se convenía que la industria
alimenticia era por si misma competitiva y no que requería de instrumentos de
promoción para su desarrollo. Esta falacia es la que llevó a que los
instrumentos de promoción se concentraran en actividades industriales con
problemas de competitividad tales como el automotriz o el de bienes de capital.
O en la última década en el apoyo a nuevos sectores productivos como en el caso
de la industria del software.
La prevalencia de la política industrial en asistir a los sectores menos
competitivos dejando de lado a la industria alimenticia que es una de las de
mayor competitividad y potencialidad explican la ausencia de políticas
explicitas para esta.
Esto claramente se vio expresado a nivel de la ingeniería institucional
del Estado Nacional donde nunca existió un área gubernamental que se ocupara
específicamente de esta industria. En tal sentido, los rasgos idiosincráticos
de los distintos organismos hoy existentes hizo que la industria alimenticia no
tuviera un desk que atendiera sus demandas.
Por un lado la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que atendió
históricamente la problemática de la producción primaria sin entrar de lleno en
las cuestiones de la industrialización y por el otro la Secretaría de Industria
más focalizada en atender las demandas de los sectores de baja competitividad
además de monopolizar el manejo de los instrumentos de comercio exterior y el
Mercosur lo que significó históricamente una desventaja en materia de
protección efectiva (aranceles de insumos vs aranceles de alimentos). Lo mismo
aconteció en materia de acuerdos comerciales donde en muchas oportunidades las
posibilidades de apertura de nuevos mercados para la industria alimenticia
argentina se vieron limitadas frente a las posiciones proteccionistas de los
sectores industriales sensibles a la apertura económica.
La década pasada no fue la excepción. Salvo en la primera etapa donde a
la SAGPyA se le agregó el nombre “y Alimentos” o la creación años atrás de un área
de Agregado de Valor con rango de sub secretaria, la industria alimenticia careció de un espacio
institucional que defina políticas de mediano y largo plazo para la misma.
El contexto internacional a nivel
de alimentos manufacturados es más que propicio: el crecimiento de los sectores
medios, un proceso irreversible de urbanización, la tendencia a adquirir platos
preparados (un menor tiempo dedicado a la cocina), la preferencia creciente por
alimentos inteligentes (funcionales, saludables y verdes) son algunos de los
rasgos hacia donde converge la industria alimenticia a escala mundial.
Es por ello que Argentina debe plantearse una estrategia inteligente de
agregado de valor en todos sus complejos agroalimentarios de la que hasta ahora
ha carecido. Esta oportunidad estratégica debería ser aprovechada en
combinación con Brasil y el Mercosur dado que si algo caracteriza al bloque es
la potencialidad como productores de alimentos.
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