La población en villas porteñas creció 156% en los últimos 13 años. Pasó de 107.422 habitantes en 2001 a unos
275.000 en 2013.
Si
tomamos el AMBA – el Area Metropolitana Buenos Aires que comprende la Ciudad de
Bs.As. y el Conurbano - , más de 508 mil familias residen actualmente en 864
villas y asentamientos del Gran Buenos Aires. Este relevamiento realizado por
la ONG Un Techo para Mi País (Utpmpa) en abril de 2011 concluye que, en los 30
partidos que conforman el conurbano, hay 633 asentamientos y 192 “villas
miseria”, además de 39 cuyas características no pudieron ser precisadas.
En
conjunto se estima que en el AMBA dos millones de personas se encuentran
viviendo en asentamientos y villas miseria - Según los estudios del Ministerio
de Desarrollo Social provincial, en promedio, en cada vivienda de una villa
viven cuatro personas -.
La
población de las villas aumenta día tras día y ese crecimiento no se condice
con la velocidad de las obras de urbanización necesarias para incluirlas en el tejido urbano y
social. Las obras de infraestructura y las asistencias ante emergencias no
alcanzan para transformar en barrios las villas ni para mudar a los habitantes
de los asentamientos. El objetivo de la urbanización ha sido reemplazado por
intervenciones de carácter minimalista.
En
cuanto a la composición, la mayor parte se encuentra conformado por migrantes
de provincias pobres y por inmigrantes de países limítrofes – Bolivia y
Paraguay principalmente - y del Perú.
Este
colectivo poblacional actúa como cualquier agente económico tratando de
maximizar sus ingresos a través de la obtención de un empleo y mediante el
acceso a servicios públicos básicos de los que carecen en sus lugares de
origen. Como cualquier agente económico se mueve por los incentivos que le
ofrece el mercado. El proceso migratorio e inmigratorio no es más que una
respuesta a un esquema de incentivos predeterminado.
Claramente
las políticas públicas pueden reforzar este esquema de incentivos o propiciar
otro sistema de incentivos alternativo si es que pretende modificar el
comportamiento de los agentes económicos. Ya Alfred Marshall señalaba en sus Principios
de Economía que cuando se quiere modificar la conducta de los agentes
económicos la manera de hacerlo es cambiándoles el esquema de incentivos. Veamos
un ejemplo de política pública que ha reforzado el actual esquema de incentivos.
Argentina
en el año 2003 modifica sustancialmente su legislación migratoria promulgando
la nueva ley de Migraciones. En ella se establece que los ciudadanos de países
miembros del Mercosur o de Estados allegados puedan obtener residencia legal en
la Argentina sólo mediante la acreditación de su nacionalidad y la carencia de
antecedentes penales.
A
partir de esta ley, en el año 2006 se comienza a llevar a cabo el operativo
“Patria grande” cuyo objetivo central es regularizar la situación migratoria de
los inmigrantes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela,
Colombia y Ecuador que ya estaban residiendo en la Argentina. Si un país con
mayores ingresos en términos relativos en relación con los ingresos de sus
países limítrofes flexibilizan su política inmigratoria claramente constituye
un refuerzo en el sistema de incentivos existente que impulsa la inmigración.
El
actual sistema de incentivos se refuerza además por la necesidad de ocupar puestos
de trabajo precarizados o en actividades que la población nativa no está
dispuesta a ocupar. Por ejemplo podríamos señalar que la población del AMBA come
verduras y hortalizas gracias al trabajo de la colectividad boliviana a lo
largo de los cordones periurbanos del Area Metropolitana. Lo mismo podríamos
señalar del servicio doméstico o del trabajo cuasi esclavo en los talleres
textiles clandestinos que existen en la Ciudad y en el Conurbano.
Los
procesos de urbanización de las villas y asentamientos también refuerzan el
esquema de incentivos que impulsa a la migración al AMBA. Si los inmigrantes y
migrantes del interior perciben que la política pública tiende a urbanizar o ha
mejorar las condiciones de habitabilidad, “más señales” se les está dando para
iniciar el proceso inmigratorio o
migratorio a nuevos contingentes poblacionales. A ello se agrega la
permisividad en la ocupación de tierras públicas con la anuencia del Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal – que es otro refuerzo al sistema de
incentivos imperante -,
En
definitiva, las villas y asentamientos, con el sistema de incentivos imperante,
constituye un fenómeno donde todos los actores en alguna medida maximizan: las
poblaciones que mejoran su situación - aun desfavorable - respecto a la de sus
lugares de origen, actividades productoras de bienes y servicios que obtienen
trabajadores informales-precarizados de baja calificación y pagan bajos
salarios, los políticos cuyas prácticas se basan en el clientelismo, las
regiones – provincias y países limítrofes – que son expulsores de población
trasladando el problema económico-social a otras regiones.
Un
nuevo esquema de incentivos para que reemplace al actual debe significar
mejorar la posición relativa de los futuro migrantes e inmigrantes potenciales
en relación a la posición que alcanzarían trasladándose de sus lugares de
origen al AMBA.
En
el caso de los migrantes internos una alternativa real es mejorar las
oportunidades de acceso al empleo y a mejores servicios públicos en sus lugares
de origen. O en lugares alternativos al AMBA.
Ello significa la urgencia de un
desarrollo de las economías regionales, de una adecuada infraestructura que
permita ese desarrollo y de un adecuado equilibrio en la provisión de los
bienes públicos en cantidad y calidad en las distintas regiones del país.
En la
medida que este acceso se ofrezca en los lugares de origen o en lugares
alternativos al AMBA comienza a equilibrarse el esquema de oportunidades de
desarrollo. Argentina posee un claro desequilibrio en su distribución
poblacional y en donde las villas miserias y los asentamientos son una manifestación
de este fenómeno. Un fenómeno que es resultante del desequilibrio en el sistema
de oportunidades.
Respecto
de los inmigrantes ocurre algo similar a los migrantes internos con la
diferencia que es exógeno a nosotros la mejora en las condiciones de origen.
Es
por ello
que Argentina debe establecer una política inmigratoria que sea la resultante
de las necesidades de su economía la que a su vez determina la necesidades y
magnitud de la fuerza de trabajo que debe importarse.
No
puede la Argentina asumir sin una planificación previa los costos en la
provisión de bienes públicos que demande la población inmigrante y que no es
satisfecha por sus países de origen. La inmigración, por ejemplo, podría ser recibida
en las Provincias limítrofes, que era lo que acontecía a comienzos del proceso
inmigratorio de los países vecinos, y darles oportunidades de progreso en las
mismas.
El Mercosur puede ser un ámbito político adecuado para comenzar a
plantear estas cuestiones en un contexto donde las perspectivas de crecimiento
para la región serán inferiores a la de la década pasada.
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